Nueva reglamentación
La basura ya no sale del country
En toda la provincia de Buenos Aires los barrios cerrados deberán separar y gestionar la basura que generan. También hacerse cargo del destino de residuos orgánicos, de aparatos eléctricos y de construcción y demolición
La gestión de los residuos domiciliarios se convirtió en un dolor de cabeza para muchas regiones donde se produjo un rápido crecimiento de las urbanizaciones o barrios cerrados, que les exigió a municipios y comunas una logística adicional en materia de gestión y tratamiento que incrementó los costos de los servicios tradicionales.
Frente a esto, y subiéndose a la tendencia de la economía circular, este mes el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Ambiente, estableció que todos los barrios cerrados o countries, deberán separar y gestionar sus residuos.
Lo hizo mediante la resolución 190/2024 firmada por la ministra del área Daniela Vilar, la cual indica que todos los emprendimientos urbanísticos denominados clubes de campo y barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires deben implementar un plan de gestión diferenciada de los residuos sólidos urbanos, debiendo hacerse cargo de su separación en origen y transporte de la fracción reciclable para su tratamiento.
De hecho, la normativa es una ampliación a toda la provincia de la resolución Nº 137 del año 2013 que exigía lo mismo pero para el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Pero además de extender esta norma a un rango más amplio, la disposición del Ministerio de Ambiente del gobierno de Axel Kicillof amplió las obligaciones de los generadores de residuos a la gestión de otro tipo, como los orgánicos, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee), y los residuos de construcción y demolición (RCD). Todo esto en el marco de un programa provincial orientado a promover la economía circular como es “Mi Provincia Recicla”.
Según datos oficiales el promedio de generación diaria de residuos sólidos urbanos en Argentina es de 1,15 kg per cápita, lo que representa unas 49.300 toneladas diarias, y alrededor de 18 millones de toneladas anuales.
El resultado de esas cifras es la existencia de cerca de 5000 basurales a cielo abierto (BCA), una modalidad de disposición final de desechos que aún es oficial en muchos municipios y constituye uno de los riesgos ambientales y sanitarios más urgentes de Argentina.
La resolución anterior sólo obligaba a las urbanizaciones radicadas en el Amba y apenas alrededor de un 10% se encontraba inscripta en el Ministerio provincial.
Desde el Ministerio de Ambiente detallaron que las gestiones de los RSU de las urbanizaciones no inscriptas significan una carga adicional para la recolección municipal que se traducen en logística y costos económicos para los gobiernos locales.
“La separación en origen y el correcto tratamiento de residuos tiene un enorme impacto ambiental y social: disminuye considerablemente la cantidad de residuos que terminan en basurales y genera trabajo para los recuperadores urbanos”, explicó la ministra Vilar.
Estas acciones también favorecen toda la cadena industrial generada a partir del reciclado, conformada por un entramado de cooperativas de recolectores, pequeñas industrias recicladoras y grandes fábricas destinadas a generar la materia prima reciclada.
“Es importantísimo para que la industria del reciclado crezca impulsar que las instituciones y complejos habitacionales que generen grandes cantidades de residuos separen en origen y gestionen sus reciclables”, enfatizó la funcionaria.
